Martes, 17 febrero 2015 | 21:40h.

Continúa el registro en una de las sociedades públicas de Melilla

Continúa el registro en una de las sociedades públicas de Melilla

Melilla, 17 feb (EFE).- La Guardia Civil continúa con el registro en una de las sociedades públicas de Melilla, Promesa, cuya gerente, Carolina Gorgé, también ha sido detenida en la operación desarrollada hoy por una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos.

Según han informado a Efe fuentes policiales, agentes del Grupo de Delitos contra la Administración, dependientes de la Unidad Central Operativa (UCO), continúan en el interior de la sede de Promesa, situada en el polígono del Sepes.

En total, se han detenido a 14 personas en Melilla, Madrid, Málaga y las Palmas de Gran Canaria, aunque está previsto que en los próximos días se cite a otros implicados para que comparezcan ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad, que instruye la causa, en calidad de imputados.

Entre los detenidos está el director general de la Consejería de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, policía de profesión, quien además ostenta el cargo de presidente de la Agrupación de Cofradías de Melilla.

También figuran entre los detenidos responsables de empresas vinculadas al ámbito del agua y de la seguridad, con las que la Ciudad Autónoma de Melilla mantenía algún tipo de relación contractual, según las fuentes.

En total, la Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro registros en domicilios, sociedades y un organismo oficial.

La denominada como operación Tosca es la continuación de una investigación iniciada en el año 2013 y relacionada con delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.

En dicha actuación, se intervino diversa documentación que evidenciaba “el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla”, y que dio origen a la operación Ópera.

Tras el análisis de la documentación intervenida en los registros realizados en dependencias públicas, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas.

Esto, según la Guardia Civil, viciaba los procesos de contratación, anteponiendo intereses personales o empresariales al interés general.

“De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos”, afirma el instituto armado.